El Gobierno de Estados Unidos confirmó un cambio normativo que afecta a quienes realizan compras al contado consideradas sensibles por las autoridades federales. La medida busca reforzar la identificación de personas detrás de operaciones efectuadas en efectivo y cerrar posibles vías de uso indebido.
Por El Cronista
Aunque todavía no rige el nuevo marco regulatorio completo, esta disposición ya adelanta controles adicionales y prepara el terreno para un sistema más estricto que entrará plenamente en vigor el próximo año.
¿Qué significa el giro del Gobierno sobre quienes hagan estas compras en efectivo?
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) renovó las Órdenes de Focalización Geográfica (GTOs), que exigen identificar a las personas reales detrás de empresas utilizadas para comprar propiedades en efectivo y sin financiamiento.
Estas reglas aplican desde el 10 de octubre de 2025 y seguirán vigentes hasta el 28 de febrero de 2026.
La renovación se da en paralelo al aplazamiento de la futura Regla contra el Lavado de Dinero para Transferencias de Bienes Inmuebles Residenciales, cuyo inicio se movió al 1 de marzo de 2026. Durante este período, las GTOs continúan aportando datos clave sobre operaciones inmobiliarias hechas mediante empresas pantalla.
¿Qué tipo de compras quedan bajo investigación?
Propiedades adquiridas al contado, sin préstamo hipotecario.
Operaciones realizadas mediante empresas o estructuras opacas.
Transacciones que alcanzan o superan el umbral federal establecido.
¿En qué zonas de Estados Unidos aplican estas investigaciones por compras en efectivo?
El alcance territorial de la normativa permanece sin cambios e incluye áreas de alto volumen en:
California
Florida
Nueva York
Texas
Nevada
Massachusetts
Washington
Illinois
Colorado
Connecticut
Maryland
Virginia
Hawái
Distrito de Columbia.
Los umbrales siguen siendo de U$S 300.000 en la mayoría de las jurisdicciones y U$S 50.000 en Baltimore. Según FinCEN, esta información permite identificar patrones asociados a redes ilícitas y fortalecer la supervisión federal sobre operaciones al contado.
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