Desde hace tiempo sabemos que las principales medidas sobre política económica no las toman los gobiernos elegidos por las urnas. Las decisiones más relevantes sobre la economía, las empresas y la vida de los ciudadanos las adoptan los bancos centrales en base a los análisis de cualificados equipos técnicos. Sin embargo, las recetas de estas instituciones para tratar de domar unas economías, dominadas por un peso desproporcionado de las finanzas, no han sido nada neutrales y han comportado con frecuencia severas penalidades para los ciudadanos y enriquecimiento para los bancos. Los ejemplos más notorios han sido las reiteradas medidas de austeridad tras la Gran Recesión de 2008 y las subidas de los tipos de interés que agravaron las crisis que trataban de remediar.
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