Autoridades de Venezuela establecieron este viernes 20 de febrero un protocolo, del que aún se desconoce su contenido, para la aplicación «expedita» de la Ley de Amnistía aprobada en la víspera por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para casos de presos políticos de los últimos 27 años. El mecanismo fue acordado en una reunión entre representantes del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la norma.
El documento fue redactado y aprobado durante una reunión en la que participaron los titulares del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General, Caryslia Rodríguez y Tarek William Saab, respectivamente, y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por el diputado oficialista Jorge Arreaza, además de otros funcionarios de estas instituciones.
Según lo anunciado por el Ministerio Público, el objetivo es establecer lineamientos comunes para ejecutar los beneficios previstos en la legislación.
En X, Saab afirmó que el protocolo «garantizará que todos los órganos de administración de justicia ejecuten de forma rápida y efectiva la aplicación de los beneficios para las personas relacionadas con los hechos establecidos» en la ley. El fiscal ha sostenido que la amnistía busca cerrar un ciclo político marcado por conflictos internos.
Alcance y cuestionamientos sobre la ley
La normativa, en teoría, cubre entre 1999 y 2026, pero especifica 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del periodo establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares. Organizaciones y analistas han señalado que estas limitaciones podrían dejar fuera a numerosos detenidos.
A continuación, los 13 hechos:
Hechos del 11 al 13 de abril de 2002.
Hechos vinculados al paro nacional y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
Manifestaciones políticas de febrero y marzo de 2004.
Hechos políticos posteriores al proceso del referéndum de agosto de 2004.
Manifestaciones ocurridas en mayo de 2007.
Protestas y conflictos políticos entre julio y septiembre de 2009.
Hechos relacionados con el proceso electoral de abril de 2013.
Manifestaciones entre febrero y junio de 2014.
Actuaciones vinculadas al conflicto institucional de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2020.
Manifestaciones y hechos políticos entre marzo y agosto de 2017.
Hechos derivados de procesos políticos y electorales posteriores a 2017 (meses específicos dentro del periodo).
Conflictos políticos y protestas ocurridos en años puntuales entre 2018 y 2025 señalados en la ley.
Hechos políticos recientes hasta 2025-2026 incluidos dentro del articulado.
Por su parte, Arreaza indicó que el objetivo del encuentro fue «precisar y articular todos los procesos de los órganos de administración de justicia para garantizar la rápida y efectiva aplicación de los beneficios». La comisión especial fue creada para desarrollar mecanismos que aseguren el cumplimiento de la ley y revisar situaciones no contempladas inicialmente.
El jueves 19 de febrero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación y pidió «celeridad» a la comisión especial para revisar los casos «no contemplados» en la legislación. La normativa establece procedimientos judiciales específicos para verificar las condiciones de cada beneficiario.
En su artículo 15, la legislación establece la creación de esta comisión de seguimiento con la tarea de implementar «mecanismos» para cumplir la ley. Además, el organismo puede recomendar a instituciones del Estado medidas alternativas en los expedientes que evalúe.
Este viernes, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que entregará a la comisión especial una lista con 232 casos para que sean incluidos en la amnistía. La organización ha advertido que aún quedarían cientos de detenidos fuera del alcance del instrumento legal.
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