Justicia, Encuentro y Perdón denunció la noche del lunes 17 de noviembre una nueva irregularidad en el sistema judicial venezolano, tras conocerse la decisión en el caso Kenemore, proceso que se ha extendido desde 2022 y que, según la ONG, evidencia graves retrasos procesales y vulneraciones a los derechos humanos.
Por: lapatilla.com
A través de su cuenta oficial en X, la organización informó que el capitán Carlos Piña fue condenado a 14 años de prisión, mientras que Peggy Morales, Edilio Piña y Yasmina Guilarte recuperaron su libertad después de permanecer detenidos durante más de dos años sin sentencia.
De acuerdo con la ONG, este prolongado período de detención “se constituye en una condena anticipada que causa un daño irreparable a los detenidos y sus familias”, por lo que insistieron en la urgencia de garantizar procesos judiciales ágiles, transparentes y respetuosos del debido proceso.
Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que, aunque la liberación parcial en el caso Kenemore representa un avance, persiste una situación alarmante para decenas de personas privadas de libertad por motivos políticos en el país.
La ONG subrayó que muchos de ellos continúan enfrentando detenciones arbitrarias, retrasos judiciales y violaciones sistemáticas de sus derechos humanos.
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“Seguimos profundamente preocupados por quienes aún permanecen privados de libertad por razones políticas”, expresó la organización.
El caso mencionado está vinculado a Jerrel Kenemore, un ciudadano estadounidense detenido el 17 de marzo de 2022 en la frontera colombo-venezolana.
De acuerdo con un reportaje de La Gran Aldea (agosto de 2023), Kenemore fue capturado en una trocha, camino a San Antonio del Táchira con tres computadoras. Sin embargo, un reporte interno de Migración Táchira señaló que fue detenido en el Puente Internacional Simón Bolívar tras un presunto “retorno voluntario”.
Su familia en Texas denunció en ese entonces, que Jerrel intentaba mudarse legalmente a Venezuela y que contaba con todos sus documentos en regla.
Kenemore, que llegó a realizar cinco huelgas de hambre fue declarado “detenido injustamente” (Wrongful Detainee) por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 18 de noviembre de 2022 y su caso fue señalado como parte del patrón de detenciones de ciudadanos estadounidenses en Venezuela por motivos políticos.
