El régimen de Honduras extendió por 45 días el estado de excepción parcial que rige desde diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia criminal, informó este miércoles 12 de noviembre, una fuente oficial.
La extensión, que fue aprobada a menos de tres semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, y estará vigente hasta el 26 de diciembre, fue oficializada mediante un decreto ejecutivo y publicada en el diario oficial La Gaceta.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirmó que el estado de excepción constituye la «única herramienta jurídica» que el Estado hondureño ha otorgado a la Policía Nacional y a la Policía Militar de Orden Público (PMOP) para «garantizar seguridad y paz a la población».
Agregó que la medida se aplica únicamente a cinco delitos: crimen organizado, extorsión, secuestro, asesinato y robo, y que todas las acciones realizadas en su marco deben contar con la aprobación del Ministerio Público (Fiscalía).
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El estado de excepción, vigente actualmente en 226 de los 298 municipios de Honduras, que tiene diez millones de habitantes, fue declarado de manera «temporal» el 6 de diciembre de 2022 por el Gobierno que preside Xiomara Castro, como parte de un conjunto de medidas destinadas a reducir la violencia.
La disposición oficial autoriza la «suspensión de garantías constitucionales» y permite a las fuerzas de seguridad «detener a las personas que determinen y consideren responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes» en determinadas zonas del país.
Las acciones ejecutadas bajo el estado de excepción han mostrado «resultados positivos frente a la grave perturbación de la paz y la seguridad» en las principales ciudades del país, ocasionada principalmente por «grupos criminales organizados» que operan como «mafias» y representan una amenaza directa contra la vida, según las autoridades.
Grupos formados por jóvenes y adultos, conocidos como maras, dominan algunos barrios de Honduras con un modo de operar basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución, aseguran las autoridades responsables de la seguridad ciudadana.
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Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, empresarios, políticos de la oposición y medios locales de prensa, entre otros sectores, han venido exigiendo que cese el estado de excepción porque se ha prolongado por mucho tiempo y los resultados no han sido tan efectivos como afirman las autoridades.
EFE
