Al menos 10 periodistas han sido asesinados en Colombia desde enero de 2020 hasta la fecha, alertó este martes 4 de noviembre, la Defensoría del Pueblo, que pidió investigar y sancionar estos crímenes.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), citada por la Defensoría del Pueblo, desde 1977 han sido asesinados en Colombia 169 periodistas en razón de su oficio.
«Entre enero de 2020 y la fecha se han registrado 10 casos fatales en los departamentos de Córdoba, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío y Sucre», señaló la Defensoría en un comunicado.
En el marco del ‘Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas’, que se celebra cada 2 de noviembre, la Defensoría expresó hoy su profunda preocupación por el aumento de amenazas, hostigamientos, ataques y asesinatos a periodistas.
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De hecho, el informe expuso que Colombia ocupa actualmente el puesto 115 entre 180 países analizados por Reporteros Sin Fronteras, ubicándose como uno de los contextos más peligrosos para ejercer el periodismo.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo recordó que a nivel global, el 85 % de los asesinatos contra periodistas «permanece en la impunidad», una cifra que, según el organismo, «representa una grave falla estructural de los sistemas de justicia».
«Para romper el círculo de violencia contra la prensa es indispensable poner fin a la impunidad. De lo contrario, se transmite un mensaje de tolerancia y persiste el miedo entre quienes tienen la responsabilidad profesional de investigar, denunciar y visibilizar hechos de interés colectivo», reclamó el comunicado.
El informe también señaló que la violencia «se multiplica» cuando las víctimas son mujeres, ya que a las agresiones físicas se suman ataques digitales, campañas de desprestigio y acoso sexual, «lo cual aumenta las barreras para su participación en la vida pública».
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La Unesco alertó que en el bienio 2022-2023 se registraron 14 asesinatos de mujeres periodistas, el mayor número en los últimos siete años.
«Este hecho profundiza riesgos diferenciados y exige respuestas con enfoque de género», constató el organismo.
Por todo ello, la Defensoría instó al Gobierno colombiano a pronunciarse «en respaldo de la colectividad periodística, considerando la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentra» y recordó a la Fiscalía y a la Rama Judicial «su deber constitucional de investigar, juzgar y sancionar de manera diligente, independiente y eficaz los crímenes cometidos contra periodistas».
Asimismo, pidió la creación de políticas públicas que garanticen las condiciones para ejercer la libertad de expresión y de prensa «libre de cualquier violencia», promuevan el pluralismo y fortalezcan el sistema de medios públicos.
EFE
